Impulsar una coordinación intergubernamental efectiva para enfrentar el cambio climático – con apertura y participación de la sociedad civil – constituye una de las mayores necesidades y deudas pendientes del Estado boliviano. Para implementar políticas climáticas de manera más eficiente y cumplir con los compromisos asumidos por el país, es fundamental comprender desde la gestión pública que la acción climática es una responsabilidad transversal que involucra a múltiples sectores. Solo bajo esa lógica puede diseñarse una arquitectura institucional adecuada, sostenible y capaz de responder a la complejidad del desafío climático.
Desde el proyecto Voces para la Acción Climática Justa (VAC), implementado por Fundación Avina, hemos asumido este reto. En una primera etapa, se realizó un análisis exhaustivo de las competencias y roles de cada nivel de gobierno en materia climática. A partir de este diagnóstico, damos ahora un paso adicional: proponer un mecanismo concreto de coordinación intergubernamental que sea factible, flexible y plenamente alineado con el marco legal e institucional del Estado boliviano, lo que permitiría su creación en el corto o mediano plazo.
Contar con una instancia nacional de coordinación climática no solo fortalecería la implementación de políticas públicas, sino que también optimizaría recursos entre niveles de gobierno, facilitaría una cartera más robusta de proyectos de adaptación y mitigación, y abriría mejores condiciones para acceder a financiamiento climático de fuentes regionales y globales. Con ese espíritu, Fundación Avina, a través del proyecto VAC y junto a valiosos aliados de la sociedad civil como Fundación Gaia Pacha, presenta esta propuesta como una contribución abierta al diálogo. Aspiramos a seguir sumandovoluntades, enriquecerla colectivamente y fortalecer una gobernanza climática verdaderamente colaborativa. La horizontalidad y el trabajo conjunto en torno a los compromisos climáticos globales permiten que las autoridades públicas no solo gestionen programas o personas, sino que organicen y potencien recursos que pertenecen a todos, generando así valor público y bienestar común.
