En Costa Rica, el acceso al agua potable es un derecho humano constitucional, pero su cumplimiento cotidiano descansa, en gran parte, en el trabajo sostenido de comunidades organizadas que han asumido responsabilidades que el Estado no siempre ha podido cubrir. Desde los territorios, la gestión comunitaria del agua ha garantizado el abastecimiento, ha protegido las fuentes y ha sostenido la vida de más de miles de familias, convirtiéndose en un pilar silencioso pero esencial. Este esfuerzo colectivo, profundamente democrático y solidario, no puede seguir operando en condiciones de fragilidad institucional. La gestión comunitaria del agua requiere reconocimiento político, respaldo jurídico, políticas públicas coherentes y conocimiento técnico que fortalezcan su capacidad de respuesta ante el crecimiento poblacional, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las crecientes brechas territoriales.
El Compromiso Nacional con la Gestión Comunitaria del Agua surge como una acción concreta de incidencia para colocar este tema en el centro de la agenda pública y del debate electoral. Representa un llamado a asumir que garantizar el derecho humano al agua implica dignificar y fortalecer a quienes lo hacen posible, avanzando de manera decidida hacia una Ley de Gestión Comunitaria del Agua que reconozca su rol estratégico, promueva su sostenibilidad ambiental, técnica, social y económica asegurando su servicio en el tiempo.
